El Congreso aprobó modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo. Analizamos el impacto en indemnizaciones, períodos de prueba y la registración tras la sanción definitiva.
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Resumen
- Se extiende el período de prueba general a seis meses, con opción de ampliarlo hasta un año en microempresas mediante convenio colectivo.
- Habilita a sindicatos y cámaras a negociar un “Fondo de Cese Laboral” optativo para sustituir la indemnización tradicional por despido.
- Elimina las multas agravadas por empleo no registrado y tipifica los bloqueos a establecimientos como causal de despido con justa causa.
Un nuevo paradigma en las relaciones del trabajo
La reciente sanción de la Ley Bases en el Congreso marca un punto de inflexión en la legislación laboral argentina. Bajo la premisa de la “modernización”, el oficialismo logró aprobar un paquete de reformas que modifica sustancialmente la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
El objetivo declarado es reducir la incertidumbre jurídica para fomentar la contratación en el sector privado. Sin embargo, el nuevo marco normativo genera tensiones con sectores gremiales y la oposición, que advierten sobre una potencial precarización de derechos adquiridos durante décadas.
Las claves de la reforma
A continuación, analizamos los ejes centrales que redefinen la relación entre empleadores y trabajadores en el país.
1. Extensión del Período de Prueba
Uno de los cambios más inmediatos es la modificación del artículo 92 bis de la LCT. El período de prueba estándar se duplica, pasando de los tres meses actuales a seis meses. Esta extensión busca dar mayor margen de evaluación a las empresas antes de consolidar el vínculo.
La norma introduce flexibilidad adicional según el tamaño de la empresa, siempre que se acuerde vía convenio colectivo. Las PyMEs de seis a 100 trabajadores podrán extenderlo a ocho meses, y las microempresas de hasta cinco empleados, a un año.
2. El “Fondo de Cese Laboral”
La reforma habilita un cambio estructural en el régimen indemnizatorio. Se permite que, mediante negociación colectiva, sindicatos y cámaras empresariales sustituyan la indemnización del artículo 245 de la LCT por un Sistema de Cese Laboral.
Inspirado en el modelo de la UOCRA (construcción), este sistema se basa en aportes mensuales para conformar un fondo. El trabajador dispondría de este capital al finalizar la relación laboral, independientemente de la causa. Su implementación dependerá de cada sector.
3. Trabajadores Independientes y Colaboradores
La ley crea una figura legal controvertida: el trabajador independiente que puede contar con hasta cinco “colaboradores” para llevar adelante un emprendimiento productivo. Este vínculo no se considerará relación de dependencia.
Estos colaboradores estarán regidos por un régimen especial unificado de aportes (similar al Monotributo). Críticos de la oposición en el Senado señalaron el riesgo de que esta figura se utilice para encubrir relaciones laborales tradicionales y evadir cargas sociales.
4. Eliminación de multas por falta de registración
Otro pilar de la reforma es la derogación de las leyes que establecían multas agravadas para el empleo no registrado o deficientemente registrado. El argumento oficial es que estas sanciones no lograron reducir la informalidad y alimentaron la “industria del juicio”.
Al eliminar estas penalidades económicas, que solían multiplicar exponencialmente los montos de las demandas, se busca incentivar el blanqueo de trabajadores. Las empresas ya no enfrentarían el riesgo de quiebra por un juicio laboral derivado de estas multas.
5. Despido por bloqueo
Finalmente, la reforma modifica el artículo 242 de la LCT para establecer como injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimientos. Se considerará justa causa de despido si la medida de fuerza afecta la libertad de trabajo de quienes no adhieren o impide el ingreso y egreso de personas y bienes.
Impacto y perspectivas
El verdadero alcance de esta reforma se verá en su implementación práctica. Gran parte de los cambios, como el Fondo de Cese o la extensión máxima del período de prueba, requieren la activación a través de nuevos Convenios Colectivos de Trabajo.
Para las PyMEs, la reforma ofrece un escenario de menor riesgo judicial. Sin embargo, el desafío para la política laboral será monitorear que la reducción de costos no derive en una precarización sistémica del mercado de trabajo en un contexto económico recesivo. Te sugerimos leer nuestro análisis sobre el impacto de la recesión en el empleo PyME para complementar esta información.
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