Cómo Estados Unidos regula la inteligencia artificial usando el poder de compra del Estado
FUTURO
La nueva política de adquisiciones de inteligencia artificial del gobierno de EE. UU., materializada en el memorando OMB M-25-22, es mucho más que un procedimiento administrativo. Se trata de una herramienta estratégica para moldear el mercado, promover la industria local e imponer su propia definición de soberanía tecnológica en la era digital.
Cuando el Estado gobierna con contratos
Más allá de las leyes tradicionales, los gobiernos ejercen un poder inmenso a través de sus políticas de compras públicas. Un ejemplo clave de esta dinámica es el memorando OMB M-25-22 de la Casa Blanca, que redefine la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos desde el lado de la demanda.
Esta política no solo establece cómo las agencias federales adquieren tecnología. Convierte cada contrato en una declaración de política industrial, seguridad nacional y control democrático sobre los sistemas algorítmicos, marcando un claro giro hacia el fortalecimiento de la industria local en un sector estratégico.
Qué establece la OMB M-25-22
Emitido el 29 de marzo de 2024, el memorando M-25-22 reemplaza a su predecesor (M-24-18) con objetivos claros. Busca garantizar la competencia, monitorear el rendimiento de los sistemas de IA, gestionar los riesgos asociados y enfrentar los desafíos de adquisición que presenta esta tecnología emergente.
Las directrices para las agencias son contundentes: proteger la privacidad desde la fase de pre-licitación, resguardar la propiedad intelectual y los datos gubernamentales, y, fundamentalmente, evitar la dependencia de un único proveedor (vendor lock-in). Cada compra debe ser una decisión estratégica y no una atadura a futuro.
El Estado como arquitecto del mercado de IA
Al ser un gran demandante de tecnología, el Estado puede estructurar mercados enteros con su poder de compra. El M-25-22 formaliza esta estrategia con la nueva disposición "Buy American", que establece como política "maximizar el uso de productos y servicios de IA que se desarrollan y producen en los Estados Unidos".
Esta medida funciona como una política industrial encubierta, similar a la estrategia de Italia. Allí, la colaboración entre el Instituto Italiano de Inteligencia Artificial (AI4I) y empresas como Fastweb + Vodafone busca fortalecer la "soberanía tecnológica" mediante el desarrollo de una infraestructura y un ecosistema nacional robusto.
Los mecanismos de control: Estándares, plazos y soberanía operativa
El M-25-22 despliega mecanismos específicos para ejercer control sobre el mercado y los proveedores.
Estándares de facto: El memorando obliga a las agencias a identificar los casos de uso de IA de "Alto Impacto" en las licitaciones e implementar monitoreo y pruebas continuas. Esto es crítico ante la emergencia de la IA agéntica, sistemas que pueden iniciar acciones y adaptarse de forma autónoma, lo que exige una supervisión robusta. La Administración de Servicios Generales (GSA) publicará guías y un repositorio de mejores prácticas, estableciendo de facto los estándares que los proveedores deberán cumplir.
Plazos y exigencias: El cronograma de implementación es estricto y define el ritmo del cambio:
26 de diciembre de 2024: Entrada en vigor de los requisitos para todos los nuevos contratos de IA.
27 de enero de 2025: Creación de un repositorio de mejores prácticas por parte de la GSA para las agencias.
6 de mayo de 2025: Fecha límite para que las agencias actualicen sus procedimientos internos de adquisición.
Gestión de la dependencia: La política aborda activamente el riesgo de vendor lock-in. Las propuestas que garanticen la portabilidad de datos y modelos, la transparencia en los precios y términos de licencia claros serán más valoradas, forzando a los proveedores a ofrecer soluciones más abiertas y flexibles.
Impacto en proveedores y agencias: Ganadores y excluidos
Los principales beneficiarios de esta política son los proveedores de IA con sede en Estados Unidos, favorecidos directamente por la cláusula "Buy American". También ganan las empresas que ofrecen soluciones transparentes, auditables y alineadas con los exigentes requisitos de gestión de riesgos y portabilidad.
En el otro extremo, los proveedores internacionales quedan en una posición de clara desventaja. La política podría marginar a empresas con soluciones opacas o "cajas negras", así como a aquellas cuyos modelos de negocio se basan en el vendor lock-in, al ser consideradas un riesgo para la soberanía operativa del gobierno.
Riesgos y tensiones: Lock-in, concentración y enforcement
Paradójicamente, aunque el M-25-22 busca evitar el vendor lock-in, la preferencia "Buy American" podría fomentar una mayor concentración del mercado en unas pocas grandes empresas tecnológicas estadounidenses. La literatura académica advierte que esto conduce a la "privatización del conocimiento y las infraestructuras de IA", lo que puede "marginar la deliberación democrática".
Además, el éxito de la política enfrenta serios desafíos de aplicación (enforcement). Dependerá de la capacidad real de cada agencia para implementar una supervisión efectiva, utilizar herramientas como los Planes de Vigilancia de Garantía de Calidad (QASP) y gestionar los complejos requisitos contractuales a lo largo de todo el ciclo de vida de la tecnología.
Críticas desde la innovación abierta y la competencia
La política "Buy American" puede ser interpretada como una forma de proteccionismo que limita la competencia y la innovación. El estudio Cisco 2024 Data and Privacy Benchmark Study revela que el 84% de las organizaciones europeas considera que la localización de datos, un principio similar, añade costos significativos y complejidad operativa.
El mismo estudio refuerza este argumento: el 79% de las organizaciones globales cree que los proveedores a escala mundial están mejor equipados para gestionar flujos de datos complejos que las entidades locales. Esto sugiere que la política podría, inadvertidamente, excluir soluciones que son potencialmente más seguras, eficientes o innovadoras.
Qué modelo de gobernanza tecnológica emerge
La regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos a través de las compras públicas revela un modelo híbrido. Combina la gestión de riesgos, inspirada en marcos técnicos como los del NIST, con una fuerte política industrial nacionalista que prioriza la seguridad y el desarrollo económico local por sobre la apertura del mercado.
Este enfoque contrasta con otros modelos globales. La Unión Europea avanza con el AI Act, un modelo basado en derechos que se enfoca en categorías de riesgo para aplicaciones específicas. Por su parte, el Reino Unido propone una "gobernanza federada" para Smart Data, con "entidades de implementación sectoriales" que avanzan a distintas velocidades bajo un cuerpo coordinador central.
En última instancia, la política de la Casa Blanca plantea un dilema fundamental para la era digital: la tensión entre la búsqueda de soberanía tecnológica y seguridad nacional, por un lado, y los principios de competencia global, innovación abierta y eficiencia del mercado, por el otro.